Enriquecimiento ilícito
Enriquecimiento ilícito
¿Cuáles son los beneficios de la recuperación de activos? ¿A qué se debe la controversia?
¿Cuáles son los beneficios de la recuperación de activos? ¿A qué se debe la controversia?
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Esta guía rápida ofrece una breve introducción a las leyes sobre enriquecimiento ilícito que surgen como una herramienta poderosa para combatir la corrupción y recuperar los activos robados. Esta se actualizó en junio del 2021, luego de que el Basel Institute on Governance publicara un libro de acceso abierto sobre el tema: Illicit Enrichment: A Guide to Laws Targeting Unexplained Wealth, escrito por Andrew Dornbierer.
Disponible en línea de forma gratuita junto con una base de datos sobre leyes pertinentes en todo el mundo, el libro ofrece descripciones claras y guías prácticas en relación con distintos planteamientos que buscan abordar el incremento inexplicable de activos, cómo presentar casos ante los tribunales y las objeciones jurídicas a las leyes sobre enriquecimiento ilícito.
La definición de enriquecimiento ilícito puede diferir considerablemente según la jurisdicción.
A nivel internacional, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC) define el enriquecimiento ilícito como “el incremento significativo del patrimonio de un funcionario público respecto de sus ingresos legítimos que no pueda ser razonablemente justificado por este”.
Sin embargo, a nivel estatal, el alcance de las leyes sobre enriquecimiento ilícito puede diferir en ciertas maneras de lo que establece el artículo de la CNUCC. Por ejemplo, algunas leyes son aplicables a personas particulares y funcionarios públicos. Algunas de las definiciones tienen en cuenta los niveles de vida excesivos además de la cantidad desproporcionada de activos.
No obstante, en muchos Estados ni siquiera se emplea el término “enriquecimiento ilícito”; en su lugar, hacen mención de “activos de procedencia inexplicable” o “propiedad inexplicable”, o usan otras expresiones como como “enriquecimiento sin causa” o “ganancias ilícitas”.
De acuerdo con un profundo análisis de los instrumentos internacionales, el derecho interno y la jurisprudencia alrededor del mundo realizado para el libro Illicit Enrichment: A Guide to Laws Targeting Unexplained Wealth, se podría decir que, en términos generales, el enriquecimiento ilícito se define como el hecho de tener patrimonio cuyo monto no se puede justificar si se compara con los ingresos legítimos.
En el contexto de los mecanismos de recuperación de activos, las leyes sobre enriquecimiento ilícito son bastante singulares, ya que no se requieren pruebas de una actividad criminal subyacente o aparte para imponer una sanción judicial. En cambio, solo hace falta demostrar ante los tribunales la existencia del enriquecimiento ilícito; es decir, que las fuentes de ingresos legítimas de una persona no justifican la adquisición de algún tipo de activo del que ha disfrutado.
Estas leyes pueden ser particularmente útiles durante las investigaciones de hechos de corrupción.
En muchos casos, especialmente en las economías monetarias y, además, si se pagan pequeños sobornos en un período de tiempo, es casi imposible probar cada acto de corrupción. Esto quiere decir que muchos funcionarios corruptos casi nunca llegan a ser judicializados y conservan los activos que obtuvieron de forma corrupta.
Por medio de leyes sobre enriquecimiento ilícito, los investigadores y los fiscales pueden procesar a funcionarios corruptos implicados en este tipo de situaciones, si logran como mínimo evidenciar los resultados de sus actos de corrupción, como el hecho de adquirir una propiedad costosa u otros activos de gran valor a pesar de tener ingresos legales moderados.
Si bien el artículo 20 de la CNUCC recomienda que los países deben tipificar el enriquecimiento ilícito como un delito, los planteamientos legislativos relativos al concepto varían significativamente. Algunos países no cuentan con leyes al respecto. En otros, como en México y Mongolia, las leyes solo permiten judicializar a los funcionarios públicos; mientras que en países como Ruanda las leyes permiten judicializar a cualquier persona por delitos de enriquecimiento ilícito.
En otros países, como Kenia o la República de Mauricio, la ley considera que el enriquecimiento ilícito no es un delito penal sino un procedimiento civil. Esto significa que, en estos países, el principal objetivo de un proceso legal no es judicializar a los implicados, sino simplemente recuperar los activos robados.
Asimismo, el nivel de aplicación de la ley también varía según el país. Por ejemplo, en Hong Kong, se registraron casos exitosos de recuperación de activos obtenidos por medio del enriquecimiento ilícito en la década de los setenta. En Tanzania, los tribunales hasta ahora están comenzando a dictar fallos en los primeros procesamientos por enriquecimiento ilícito.
Algunos críticos afirman que las leyes sobre enriquecimiento ilícito infringen los derechos legales establecidos al invertir de forma injusta la carga de la prueba y eliminar la presunción de inocencia.
Igualmente, existe el temor de que las leyes sobre enriquecimiento ilícito puedan transgredir el derecho que tiene una persona a guardar silencio y el privilegio de no declarar contra sí misma; dos principios legales bien establecidos que buscan garantizar procesos judiciales justos. Otro debate gira en torno al principio contra la retroactividad; es decir, no se debe sancionar a una persona por un acto que, al momento de cometerlo, no se consideraba delictivo.
Sin embargo, la gran mayoría de objeciones a las leyes sobre enriquecimiento ilícito basadas en estos argumentos no han sido aceptadas, y casi todos los tribunales que han abordado estos casos han dictaminado que las leyes sobre enriquecimiento ilícito no infringen de modo inaceptable los derechos legales.
Debido a que este aspecto del derecho es relativamente nuevo, los procedimientos estándar o las mejores prácticas apenas empiezan a desarrollarse.
Las sospechas de enriquecimiento ilícito surgen a menudo durante las investigaciones sobre corrupción. De igual manera, los primeros indicios pueden provenir de artículos de periódicos u otros canales regulares de inteligencia.
En la mayoría de los casos, un planteamiento sólido incluiría:
El objetivo es recopilar evidencias sólidas (no conjeturas), de modo que únicamente se sometan a procesos legales a las personas que claramente adquirieron los activos con fuentes ilegales.
Una herramienta clave para los investigadores y fiscales que buscan probar casos de enriquecimiento ilícito ante el tribunal es el análisis de estado de origen y aplicación de fondos. El anexo II de Illicit Enrichment ofrece un paso a paso sobre cómo realizar este análisis. Nuestro curso gratis de eLearning sobre análisis de estado de origen y aplicación de fondos también ofrece un caso práctico en el cual usted puede trabajar.
En Kenia, se sentó un precedente para el uso de este mecanismo gracias al exitoso caso de la Ethics and Anti-Corruption Commission de Kenia contra Stanley Mombo Amuti, un exfuncionario público de rango bajo que no pudo justificar la compra de propiedades por un valor aproximado de USD 400 000 en 10 meses.
En Uganda también se reportó un fallo exitoso en un caso de enriquecimiento ilícito por un valor de USD 1,25 millones que involucraba al contador del gabinete del primer ministro. Los casos pueden ocurrir incluso en los cargos más altos: recientemente, el expresidente de El Salvador fue condenado por actos de enriquecimiento ilícito que tuvieron lugar mientras él estaba en el poder.
El International Centre for Asset Recovery (ICAR) del Basel Institute on Governance trabaja de la mano con países socios para fortalecer su capacidad de recuperar los activos robados y combatir la corrupción. Como parte de estos esfuerzos, en algunos países trabajamos para reforzar los conocimientos sobre las leyes de enriquecimiento ilícito y cómo usarlas de forma responsable y eficaz.
¿Por qué? Porque si se redactan y se hacen cumplir de forma justa, las leyes sobre enriquecimiento ilícito pueden ser un arma muy útil para combatir la corrupción.