Esta guía rápida analiza las principales ideas y tendencias sobre investigación financiera en casos de delito financiero y recuperación de activos.
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Las investigaciones financieras son fundamentales para probar delitos como corrupción, fraude, trata de personas o tráfico de bienes ilícitos. También son cruciales para decomisar activos adquiridos con dinero producto de actividades criminales, de modo que no valga la pena cometer el delito.
Sin embargo, suelen haber confusiones con respecto a quién realiza las investigaciones financieras, cómo, cuándo y por qué, así como su vínculo con las investigaciones penales. Todas estas preguntas se vuelven más complejas por el hecho de que cada país tiene un ordenamiento jurídico particular, así como leyes y terminología diferentes.
Esta guía rápida analiza las principales ideas y tendencias sobre investigación financiera en casos de delito financiero y recuperación de activos, basándome en la experiencia que he adquirido en dichas áreas al trabajar en Portugal y Mozambique. Los profesionales deben tener charlas abiertas y proactivas, tanto a nivel nacional como internacional, para desenmarañar algunos de los nudos más complejos.
En la Operational Issues – Financial Investigations Guidance, el Grupo de Acción Financiera (GAFI) define la investigación financiera como “una indagación de asuntos financieros relacionados con una conducta delictiva. El principal objetivo de una investigación financiera es identificar y documentar el movimiento del dinero durante el curso de la actividad criminal”.
Para hacer esto, los investigadores tienen que recolectar, procesar y analizar información sobre los asuntos financieros de una persona, por ejemplo, cuentas bancarias, transacciones en Bitcoins o posesión de propiedades.
El resultado puede incluir tanto pruebas documentales (por ejemplo, un extracto bancario o título de propiedad) como informes periciales analíticos (por ejemplo, la visualización de las transacciones financieras).
En la Financial Investigations Guidance, el GAFI menciona dos objetivos de la investigación financiera en un caso penal.
El primero es ayudar “en el procesamiento de los delitos” al proporcionar evidencia (financiera) que permita condenar al sospechoso. Según la explicación del GAFI: “El vínculo entre el origen del dinero, los beneficiarios, el momento en el que se recibe el dinero y dónde se guarda o deposita puede proporcionar información sobre la actividad criminal, así como pruebas de ella”.
También se pueden obtener pruebas a partir de medidas de vigilancia, operaciones encubiertas, espionaje telefónico, contratos, testigos o pruebas periciales en procesos de contratación, por ejemplo.
El segundo objetivo es ayudar “en la privación de los productos e instrumentos del delito”. En otras palabras, las investigaciones financieras ayudan a ubicar dinero obtenido de manera ilegal y demás activos, con el fin de decomisarlos.
Los activos más evidentes que se pueden recuperar son los que se relacionan con un delito específico. Pueden ser instrumentos (utilizados para cometer el delito, como documentos falsificados en un caso de corrupción) o productos que surgen directa o indirectamente del delito (como dinero de sobornos o malversaciones, o las ganancias derivadas de inversiones en las que se utilizó dinero robado).
Durante muchos años, los esfuerzos por recuperar activos ilícitos se solían enfocar exclusivamente en los activos relacionados con un delito o condena específicos. Sin embargo, esto conlleva un problema.
Supongamos que durante varios años la Sra. X ha acumulado varios millones de dólares a través de actividades corruptas o crimen organizado. La capturaron y la condenaron por un delito, paga una multa o va a prisión por un período corto, y le decomisan los productos de ese delito en específico. Después de eso, ella y su familia pueden disfrutar sin ninguna restricción de los millones que ella obtuvo de forma ilegal.
Es por eso que muchos países, en casos de delitos financieros o crímenes organizados graves y de conformidad con las convenciones internacionales, han introducido mecanismos alternativos de decomiso. El objetivo es identificar el dinero u otros activos que, en el balance de probabilidades, sean resultado de una conducta delictiva y se deban decomisar. Esto es válido incluso si los activos no se pueden relacionar con un delito específico que vaya más allá de toda duda razonable.
El objetivo es que, cuando la Sra. X salga de prisión, no pueda disfrutar de los frutos de su carrera delictiva.
En Mozambique, las investigaciones financieras para la “confiscación ampliada” (perda alargada) suelen determinar el valor financiero de los activos de una persona. Este valor se compara con sus ingresos según sus declaraciones de impuestos. Si una suma de dinero particular es incompatible con sus ingresos legítimos, los fiscales incautan activos específicos que, tras la condena, serán decomisados hasta recuperar esa diferencia.
Estas investigaciones financieras no forman parte de la investigación penal y pueden remontarse a varios años antes de que se cometiera el delito.
Las investigaciones financieras son fundamentales para otros mecanismos jurídicos poderosos y cada vez más extendidos de decomiso y recuperación de activos adquiridos con dinero producto de actividades criminales. Incluyen diversas formas de decomiso sin condena y de enriquecimiento ilícito.
Los investigadores financieros deben tener conocimientos altamente especializados y experiencia en la comprensión de flujos financieros, estructuras corporativas, sistemas bancarios y planes para lavar activos, así como en el uso de un software analítico.
Pueden tener formación en contabilidad, auditoría financiera u otras áreas técnicas, así como capacitación adicional en derecho y procesos penales. En una investigación penal, los informes de dichos especialistas técnicos se consideran imparciales y se presentan en el proceso de valoración de la prueba. En Mozambique, en casos de “confiscación ampliada”, pueden ser investigadores penales capaces de realizar análisis financieros y con una capacitación adicional específica.
Además de las aptitudes técnicas, los investigadores financieros necesitan prestar bastante atención a los detalles, la automotivación y las habilidades comunicativas.
Las autoridades de aplicación de la ley de algunos países cuentan con unidades especializadas de investigadores financieros que se dedican a brindar apoyo en casos penales. En otros casos, donde no se cuente con expertos internos, se debe acudir a consultores externos.
El GAFI recomienda la investigación financiera paralela, es decir, aquella que se enfoca de manera simultánea en el delito y en los cargos relacionados con el lavado de activos.
¿Qué sucede si no se realiza una investigación financiera paralela al comienzo de una investigación penal?
Es por eso que, a diferencia de la práctica estándar en muchos países, las investigaciones financieras paralelas son la regla de oro.
Los puntos débiles y vacíos legales varían enormemente de un país y de un ordenamiento jurídico a otro, pero algunas de las dificultades comunes que estamos tratando de superar son las siguientes:
Muchos países no tienen una base de datos central de cuentas bancarias y otros activos financieros. Dicha base de datos, como la Accounts Database implementada en Portugal en el 2010, les permite a los investigadores con poder judicial pertinente solicitar información sobre todos los activos financieros y los vínculos que el Sr. Y tiene en el país.
Sin esta fuente de información centralizada, el investigador debe ponerse en contacto con cada una de las instituciones financieras que opera en el país para preguntar si el Sr. Y tiene activos en dichas instituciones. Además de la gran cantidad de tiempo y costos incurridos, también existe un riesgo de seguridad con respecto a revelar que el Sr. Y está siendo investigado.
Cada caso implica enormes cantidades de datos financieros, con transacciones que a menudo llegan a miles de registros por año. En el caso de una investigación que se remonta a cinco años atrás, multiplique esa cantidad por cinco. Ahora, imagine ese volumen de datos en papel.
Algunas instituciones financieras todavía proporcionan la información en papel, afirmando que existen riesgos de seguridad en la transmisión y el almacenamiento de archivos digitales. La información en papel se debe convertir manualmente en una hoja de cálculo para su procesamiento y análisis, de modo que se requiere mucho más tiempo, se vuelve más tedioso y aumentan los riesgos de cometer errores.
La capacitación es fundamental para adquirir habilidades y conocimientos analíticos e informáticos necesarios para llevar a cabo una investigación financiera pertinente y precisa. Sin embargo, estas habilidades y conocimientos solo se pueden adquirir plenamente a través de la experiencia práctica en casos complejos, lo cual puede tardar años. La tutoría de casos en el lugar de trabajo facilita que esta experiencia se pueda adquirir de manera rápida y sólida, apoyando esos casos y la curva de aprendizaje.
A veces, las investigaciones se pueden ver comprometidas por la falta de cooperación (cuando se busca evidencia en otras jurisdicciones) o por el retraso de la cooperación (cuando la evidencia surge demasiado tarde). Para conocer más al respecto, consulte la guía rápida sobre la cooperación internacional en la recuperación de activos de mi colega Shane Nainappan.
La cooperación informal interna también supone un gran desafío y una gran oportunidad. Todas las partes que componen el sistema de justicia penal, entre ellos, nuevos elementos como los equipos especializados en recuperación de activos, deben trabajar conjuntamente, comprender los roles de los demás y estar dispuestas a compartir información que las demás partes necesiten para alcanzar sus metas.
Por último, el entendimiento y la confianza mutuos son las bases del éxito en la recuperación de activos ilegales que, a su vez, disuade a los delincuentes y corruptos.